Evidencia de la crueldad en 1968 del Estado contra la sociedad mexicana

Detrás de los macanazos y de las balas hubo un sistema judicial que convalidó la represión y actuó convencido de su bondad en aquel año de la historia de México, prefabricando delitos y persiguiendo a inocentes

México. – Prefabricación de delitos, acusaciones muy serias por sedición, invitación a la rebelión y acopio de armas fueron algunas de las imputaciones, inventadas en muchos casos, detrás de los macanazos y de las balas, en los hechos de 1968 de la historia de México.

Hubo un sistema judicial que convalidó la represión y actuó convencido de su bondad, que empezó siendo una persecución específica contra los comunistas, expuso José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autor del libro Biografía judicial del 68. El uso político del derecho contra el movimiento estudiantil.

En entrevista, explicó que si bien existe una gran cantidad de publicaciones al respecto de lo que ocurrió en 1968, no había encontrado un texto que se dedicara al análisis de las cuestiones judiciales que se dieron en esos días. Por ello, Biografía judicial del 68 trata de explicar qué sucedió con el expediente judicial que fue abierto para procesar a un conjunto muy amplio de personas con motivo de los acontecimientos de ese año.

Expuso que la primera averiguación fue abierta el 26 de julio de 1968, y después fueron abiertas tres más. Fue realizado un proceso muy complejo, grande y con muchas personas involucradas, hasta que fue dictada una sentencia en noviembre de 1970, para luego liberar a las personas que habían sido sentenciadas a partir de diciembre de ese mismo año.

El libro cuenta de manera resumida los sesenta tomos de este proceso judicial, las pruebas y la forma en que actuaron el Ministerio Público, así como las distintas Policías, los jueces y todos los involucrados en general. Esto multiplicó la iniquidad y la injusticia, provocó el encarcelamiento de decenas de jóvenes y evidenció la saña del Estado, destaca el texto del doctor en Derecho.

Detenciones contra personas de izquierda

Asimismo, explicó que esto se demuestra con las primeras detenciones, el 26 de julio de 1968, primeramente a miembros de las izquierdas: el Partido Comunista y las juventudes comunistas fueron fundamentalmente los detenidos, intentando vincularlos con el encontronazo que se había dado en una marcha con miembros del Partido Comunista y del Frente Estudiantil del IPN: «Se detiene a muchas personas en esa noche. Los siguientes tres días se siguen deteniendo personas que estaban vinculadas con las izquierdas. Desde ahí, me parece que hay una prefabricación de delitos. Muchos de ellos ni estuvieron en la marcha; otros se retiraron muy temprano. No hay una relación entre los daños producidos y las personas detenidas», afirmó el doctor en Derecho.

Fabricación de delitos

A partir de ese momento, poco a poco se fue complicando más el expediente, y acabó habiendo acusaciones muy serias por delitos de sedición, invitación a la rebelión y acopio de armas, afirmó.

Una cantidad muy importante de esos delitos fue inventada en muchos casos mediante informes de la Policía Judicial; en otros casos con pruebas muy endebles, como copias de periódicos, fotografías muy amplias, con testimonios que no se pudieron sostener en los careos, en las confrontaciones dentro del proceso… «Y al final de cuentas una invención de una reunión en Cuba. La reunión sí se dio en Cuba en el año 67, pero una invención de que esa reunión en Cuba generó un programa de desestabilización del Estado mexicano, de la sociedad, para que el comunismo se apoderara del país; es decir, una serie de elementos que cuando los ve uno en su contexto y con los medios de prueba con los cuales se quisieron acreditar, pues francamente son inverosímiles», afirmó el también director del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC.

Revoltura de hechos

Otro dato importante es que los acontecimientos de Tlatelolco no están significados en el proceso judicial. La última averiguación fue abierta unos días antes de la marcha del 2 de octubre, entonces realmente por lo que persiguieron a estas personas —queda claro en el expediente— es por una disidencia política, y después por una participación en un movimiento social, comentó.

Uno de los casos relatados en este libro expone que hubo personas a las que les entregaron unas ametralladoras, pero, después, al darse las discusiones, los careos, las personas a las que se les imputaron estos hechos no habían estado ahí, negaron los hechos, y en los careos no pudieron mantener las acusaciones contra ellas.

En otros casos, es cierto que hubo destrucción de bienes, fueron quemados camiones, rompieron vidrieras, destruyeron casetas telefónicas, pero no hay una manera de vincular a un número muy importante de los sentenciados con esos delitos.

«Es como si se dijera:
—¿Usted anduvo en el movimiento? —Sí.
—¿En el movimiento se quemaron o se destruyeron cierto tipo de bienes?
—Sí.
—¡Ah! ¡Entonces usted es responsable de ello!
».

Así no funcionaba entonces el derecho penal —mencionó—, pues este derecho tiene que hacer una relación entre los hechos delictivos y la persona que los cometió, y aquí no se presenta esta condición: «Hay una revoltura de hechos, de pruebas, y de ahí, de una masa de cosas bastante inconexas, se deriva o se implica la existencia no solo de los delitos, sino de los delincuentes, de las personas que a juicio del Estado cometieron estos actos», detalló.

Del comunismo a lo estudiantil

En cuanto a quienes fueron los perseguidos, en el primer momento, los detenidos tenían como elemento común haber estado en organizaciones de izquierda; en un segundo momento, estudiantes y profesores más destacados del movimiento (los líderes); y en un tercer momento simpatizantes del movimiento que no tenían ni una vinculación con las marchas ni tampoco tenían ya una relación con la izquierda, expuso.

Como las personas que estuvieron en el servicio jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM o en el servicio médico de la Facultad de Medicina de la UNAM también, que ayudaban a las personas o recogían dinero (boteaban), o que incluso repartían los comunicados, y por ello fueron detenidos: «Empezó siendo un movimiento, desde mi punto de vista, específico contra los comunistas, llamados así, y al final contra todo lo que sonaba o parecía o tenía relevancia con el propio movimiento».

Detenciones hechas mediante mecanismos que, para la legislación de entonces, ya eran inconstitucionales, ya que las detenciones eran inmediatas, sin órdenes de aprehensión y muchos de los estudiantes y de los profesores manifestaron haber sido torturados: «El juez, en lugar de tomar providencia respecto a los cargos de tortura, los desechó de inmediato y dijo que eso era mentira, que eran unas estrategias de carácter procesal para tratar de salvar la responsabilidad, y como consecuencia de ello no tenía ningún valor la declaración, y, por el contrario, tenía una presunción de que la persona por haber participado en el movimiento había cometido cierto tipo de delitos», señaló.

Es decir, fueron cometidas muchas irregularidades por las Policías, por el Ejército, por el Ministerio Público, por el juez y por las personas que estaban encargadas de las cárceles. Una acción bastante concertada del Estado mediante estos órganos para llevar a cabo estas violaciones al debido proceso vigente en esos años, afirmó.

Llama la atención que, en las conclusiones del Ministerio Público, se habla de esta idea conspirativa que vino de Cuba, pero no se demostró ni hubo algún signo de una relación causal entre la reunión y los acontecimientos; además de que el movimiento estudiantil fue definido como un movimiento sedicioso, que pretendía actuar contra el Estado a partir del señalamiento en el informe de Gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz del 1 de septiembre de 1968: «Nunca había visto una cosa de esa naturaleza en la construcción de un expediente —señaló—. Es algo totalmente inventado».

En cuanto a las consecuencias para las personas que actuaron en dichos hechos, respondió que, a 52 años de ellos, la mayoría ha fallecido, solo queda vivo el expresidente Luis Echeverría, pero ya es un hombre muy mayor.

Por otra parte, cuando se presentaron las acusaciones contra Echeverría por parte de la Fiscalía Especializada contra Delitos del Pasado, se le quiso procesar por genocidio, pero la SCJN dijo que lo que había pasado (en 1971, el «halconazo») no tenía la magnitud, no tenía la característica de tal delito, un error técnico increíble —afirmó—, pues debió presentarse por vía de un homicidio simple o calificado, entonces hubiera habido posibilidades de procesar al expresidente Luis Echeverría, explicó.

Sin culpables

A 52 años del 2 de octubre de 1968, el ministro en retiro mencionó que, si bien ahora estas situaciones no se dan en la misma magnitud, sí hay varias personas procesadas en años pasados actualmente con muy débiles acusaciones y con situaciones que producirán errores: «Cuando estuve los quince años en la Suprema Corte, estuvo adscrito a la sala que lleva los asuntos penales, y sí nos dimos cuenta de que había muchos procesos irregulares, como el caso de Acteal, donde los responsables fueron identificados mediante un álbum fotográfico con independencia de que estas personas tenían cubierto el rostro».

La diferencia es que en 1968 aquello se convirtió en un movimiento social tan grande, en la que el Estado reaccionó de manera muy torpe, no pudo encausar el proceso social, por un lado, y por otro «aventó» todo el poder coactivo del Estado para procesar a estas personas.

Señaló que una de las enseñanzas que dejó el 68 es este temor a utilizar las herramientas que el Gobierno provee para detener cierto tipo de actos, como se ha dado en las manifestaciones actuales, pues hay una gran cantidad de personas manifestándose en el país por muy diversos motivos, en las que se cierran las vías de comunicación o hay destrozos, etcétera, y hay una dificultad por parte de la autoridad para ejercer sus competencias.

El Estado no sabe cómo actuar, dejando una confusión entre actuar legítimamente y reprimir: «De los problemas serios de 68 que el país no ha acabado de asimilar es cuándo es un acto válido de actuación por parte de los cuerpos de Seguridad del Estado frente a la ciudadanía y cuándo es simple y sencillamente un acto legítimo», finalizó.

Biografía judicial del 68

Esta es la historia —nunca antes contada— del proceso judicial contra los implicados en el 68 mexicano. Arranca con la apertura de una averiguación previa, y expira cuando se dictan las sentencias condenatorias.

Una labor realizada por varias décadas: el análisis de los sesenta tomos de aquel proceso, y presenta las evidencias que demuestran los vicios del juicio, las confesiones del Ministerio Público, las frases autoinculpatorias del juez y las defensas desesperadas de los estudiantes torturados que intentaban evitar Lecumberri.

Un movimiento estudiantil que nació el 26 de julio de 1968, y murió dos años después. Pero en su corta vida, multiplicó la iniquidad y la injusticia, provocó el encarcelamiento de decenas de jóvenes y evidenció la saña del Estado mexicano.

Después de 50 años

El INAI determinó que «la información del movimiento estudiantil de 1968, contenida en el proyecto de la “Colección M68: Ciudadanía en movimiento”, impulsado por el Archivo General de la Nación (AGN) y por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debe ser pública»

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